Menos de una semana después de la disputa de la jornada 1, aplazada en septiembre por la huelga arbitral, el conflicto entre la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha vuelto a escena.
Las dos partes alcanzaron un acuerdo sobre las condiciones laborales de las árbitras después de varias semanas de negociación. La situación mantuvo paralizado el fútbol femenino español y necesitó de la intervención del Consejo Superior de Deportes (CSD). El pacto firmado el pasado 14 de septiembre estipuló una cantidad de 4.048 euros por encuentro, a dividir entre los miembros del estamento arbitral.
Ahora, la LPFF ha emitido un contundente comunicado en el que asegura que «el Secretario General de la RFEF ha remitido una comunicación a los Clubes instándoles a abonar un recibo arbitral de 14.647 euros por partido, en lugar de lo acordado, amenazando con aplicar sanciones disciplinarias en caso de no acometer dichos pagos».
El CSD tendrá que volver a mediar entre Liga F y Federación
La reacción de la Liga F no se hizo esperar e inmediatamente lo puso en conocimiento del CSD. Su presidente, José Manuel Franco, confirmó que estaban en lo cierto y se comprometió a comunicarse con la Federación para solucionarlo. Una acción que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo.
El organizador del campeonato ha presentado un nuevo recurso en el Consejo Superior de Deportes para obligar a la RFEF a cumplir con lo establecido. Además, ha hecho mención al papel clave de este organismo durante las negociaciones. «El CSD no fue un mero espectador, sino que formó parte activa y cuya intervención fue decisiva para desbloquear el conflicto», ha añadido.
El escrito finaliza con frases muy contundentes en las que califica la actuación de la RFEF de «verdaderamente inconcebible» y concluye con un «no esperamos otra cosa que no sea que el Gobierno de España haga cumplir los acuerdos alcanzados de los que formó parte».